23 junio 2021

Comunicación Consciente

Hay que cuidar a Lozoya porque ya está hablando, advierte AMLO

El presidente de México dijo que hay posibilidades de que la vida del exdirector de Pemex corra riesgo porque ha comenzado a revelar nombres de políticos y personajes involucrados en la compra de dos empresas cuando era funcionario.

Bajo el argumento de “purificar al país de la corrupción”, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya –al menos en el discurso–, un testigo protegido.

El lunes, el jefe del Ejecutivo federal pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) cuide físicamente y de la salud al exfuncionario, quien es acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la compra de dos empresas cuando fue titular de la petrolera, pues, a su decir, ya habría comenzado a revelar información.

“Hay que cuidar al señor, porque ya comienza a mencionar a personalidades, políticos”, indicó el mandatario en su conferencia del lunes en Palacio Nacional.

“Lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes”, agregó.

De hecho, a pregunta expresa de que si la vida de Lozoya corría riesgo, el mandatario respondió que “podría, cómo no, y hay que cuidarlo”.

Emilio Lozoya Austin regresó a México el viernes pasado luego de ser detenido en España; sin embargo, en lugar de ser trasladado a un centro penitenciario, como estaba previsto, fue enviado al hospital Ángeles, al sur de la Ciudad de México.

De manera oficial se dio a conocer que padecía de “anemia”, a pesar de que las autoridades españolas no encontraron afectaciones físicas durante su detención.

La Fiscalía estaría acusando al funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Desde 2017, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso Odebrecht, misma que no concluyó, razón por la cual la nueva Fiscalía retomó ese caso para establecer los delitos cometidos y los posibles responsables.

Los beneficios que podría obtener Emilio Lozoya como “testigo colaborador” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían ser mayores a los que obtuvieron en su momento testigos protegidos de administraciones pasadas.

Así lo consideró el abogado Gabriel Regino, quien aseguró que hay evidencias de que Lozoya alcanzó ya un acuerdo de “ganar-ganar” con la Fiscalía General de la República, lo que le permitirá que se le retiren cargos y no pise la cárcel.

Además, podría obtener protección, manutención e incluso cambio de identidad.

En entrevista con El Financiero, Regino detalló que esto se lograría gracias al llamado “criterio de oportunidad”, el cual deja al delator –Lozoya– “en una posición sumamente cómoda. Emilio Lozoya llegó al país y no ha pisado la cárcel y lo más seguro es que no la va a pisar”, indicó.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 257, establece la figura de criterio de oportunidad, conocido coloquialmente como testigo protegido.

Aunque se desconoce el estatus legal de Lozoya, en el supuesto de haber firmado un compromiso con la FGR, además de que le serían canceladas las dos órdenes de aprehensión en su contra, sus cuentas serían descongeladas y se le devolverían sus inmuebles.

En su conferencia, López Obrador sugirió que, de existir el marco legal para que Lozoya sea testigo protegido, “debe aplicarse este procedimiento, porque así se tiene información”.

“No es uno, siempre es una red. ¿O qué?, ¿las bandas nada más son las del crimen organizado? No, también la delincuencia de cuello blanco son redes, en algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación”, explicó.

“¿Valdrá la pena, entonces, los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer?”, se le preguntó al presidente.

“Va a ayudar muchísimo, no es tener en la cárcel a uno, es que no se repitan esos hechos”, respondió.

Por el contrario, Estefanía Medina, fundadora de Tojil, una ONG integrada por abogados que realizan litigio estratégico contra la corrupción, consideró que la actuación de la FGR “está enrareciendo” el caso Lozoya.

Destacó que, en principio, hay un problema operativo al no existir a la fecha un órgano desconcentrado del Ministerio Público, previsto en la Ley, que pueda analizar y determinar si Lozoya cumple o no con las características para acceder a un criterio de oportunidad.

Dijo que, sin este órgano, el beneficio a Lozoya tendría que aplicarse sin llevarse a cabo el procedimiento que marca la Ley.

Agregó que otra irregularidad es la forma en que se ha logrado ganar tiempo, alegando un tema de salud, para alargar la puesta a disposición de Lozoya ante los jueces que ordenaron su detención y que estos determinen su situación jurídica.

Dijo que si la FGR opta, como se ha dicho públicamente de manera extraoficial, que Lozoya obtenga una exoneración y la libertad, sería continuar “con un mensaje de impunidad”, ya que se le dejaría sin una sanción al imputado, y a los mexicanos sin justicia ni verdad.

“Necesitamos no solo que llegue a cárcel, sino conocer en audiencias públicas qué fue lo que pasó, quiénes fueron los involucrados… preocupa que al parecer van por un acuerdo en la opacidad”, concluyó.

Jesús Eduardo Vázquez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, reveló que aún no hay fechas para las audiencias de Emilio Lozoya.

En una notificación dirigida a Tojil, el juzgado aseguró que en caso de que se hiciera alguna audiencia, esta sería a puerta cerrada.

El juzgador recordó que, actualmente, dada la emergencia sanitaria decretada en el país por el coronavirus, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que las audiencias se efectuarán a puerta cerrada.

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