4 agosto 2021

Comunicación Consciente

Desata polémica suspensión de la Ley Eléctrica

La suspensión temporal de la Ley de la Industria Eléctrica desató un nuevo roce, luego de que Andrés Manuel López Obrador acusara a un juez en funciones y a un ministro en retiro de tener un ‘buró jurídico’ para oponerse a la transformación del país.

La “suspensión temporal” de la Ley de la Industria Eléctrica desató un nuevo roce, ahora entre los poderes Ejecutivo y Judicial, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a un juez en funciones y a un ministro en retiro de tener un “buró jurídico” para oponerse a la transformación del país.

Las acusaciones fueron compiladas en una carta y enviadas al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para pedirle una investigación contra el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro.

Cinco horas después, desde el Poder Judicial se le respondió al titular del Ejecutivo, también en una carta, en la que se aceptó revisar la actuación del juez. La queja sería remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos, se abra la investigación que en su caso procediera.

El 11 de marzo, tras la aprobación de la reforma impulsada por el presidente López Obrador, a solicitud de dos empresas privadas (Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico), se otorgó una suspensión temporal ya que sería afectada “la competencia y el desarrollo del sector”.

Sin embargo, fue hasta ayer cuando el presidente López Obrador decidió hacer pública su queja contra el juez que habría actuado “de manera veloz”. “Se cumplió, como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita”, declaró.

En la carta pública, el Presidente acusa a la empresa española Iberdrola, a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas, al empresario Claudio X. González, así como al ministro en retiro José Ramón Cossío, por tener “intereses corporativos” y oponerse a las obras y proyectos gubernamentales.

Los argumentos fueron suficientes como para pedirle al Consejo de la Judicatura una investigación para esclarecer la actuación del juez en este episodio y alertó sobre lo que llamó el “modus operandi de la corrupción y el influyentismo”.

“En este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen en función a sus conocidos intereses económicos y políticos”, refiere la misiva.

El Presidente negó que la carta se trate de una amenaza para el Poder Judicial, pero sí una manera de “ventilar los asuntos públicos”, pues también se tendrían cooptados a los medios de comunicación.

Pero López Obrador no sólo se centró en el juez, también se lanzó contra el ministro en retiro José Ramón Cossío, de quien incluso pidió una revisión sobre su participación cuando estuvo en funciones.

“Paladín de las libertades y de la justicia”, le atribuyó haber participado en una votación por el caso de la Guardería ABC, y así beneficiar a la familia de Margarita Zavala; también lo señaló de haber cubierto a Genaro García Luna durante la discusión del caso de la francesa Florence Cassez, así como de no querer “enemistarse con Televisa”.

“¿Cómo va a estar de acuerdo Ramón Cossío, si ellos formaron parte de la corrupción que imperaba? Y esto es por mencionar a un ministro, pero así muchos otros”, acusó.

En la respuesta Zaldívar no mencionó a Cossío de manera particular, pero recordó la independencia y autonomía con la que pueden actuar los juzgadores y juzgadoras; así como la facultad que tiene el Consejo de la Judicatura para velar por que estas premisas se cumplan.

“Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en el marco de autonomía e independencia”, escribió en su breve respuesta.

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