2 julio 2022

Comunicación Consciente

Cae presunta cabeza del cartel inmobiliario de Sonora que operaba en sexenio de Pavlovich

Un notario público de Hermosillo y una mujer son señalados como probables responsables por el delito de fraude específico, por simulación de acto jurídico.

Por su probable participación en la comisión del delito de fraude específico, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía de Sonora aprehendieron a dos personas, al notario público Enrique Ahumada Tarin en Hermosillo y a una mujer en Navojoa.

Elementos de la AMIC, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, cumplieron el martes 14 de junio la orden de aprehensión librada por el juez en contra de Enrique “N” y, el miércoles 15, contra de Margarita “N”.

Antes del cateo, el notario fue aprehendido e ingresado al Cereso de Hermosillo y al ser presentado ante el juez en audiencia, quedó imputado, vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por el delito de fraude específico, por simulación de acto jurídico.

Enrique “N.” y Margarita “N.” figuran dentro de las indagatorias realizadas por el ministerio público, personal de AMIC y servicios periciales, ante la denuncia de una mujer por la presunta venta de una casa habitación.

La denunciante refiere que de manera falsa, se realizó la venta de su propiedad, pues se hizo aparecer como si ella hubiese otorgado un poder; lo anterior, presuntamente, en presencia del notario público mediante escrituras fechadas en septiembre de 2017.

Héctor Contreras Pérez, ex presidente de la Barra Sonorense de Abogado, explicó para Proyecto Puente que el tipo de delitos de los que acusan a Enrique y Margarita no están dentro de delitos graves para obtener prisión preventiva oficiosa.

“Atendiendo a las circunstancias particulares de los hechos que se le atribuyen, es muy probable que la Fiscalía solicite prisión preventiva justificada, quiere decir que ante la posibilidad de que se evada o que ponga en riesgo el proceso o que ponga en riesgo a las víctimas o a los testigos, el juez justificadamente puede decretar para que lleve su proceso privado de la libertad”, detalló.

El abogado precisó que el plazo complementario de la investigación es hasta de 6 meses, pero el juez atendiendo a las particularidades puede fijar uno, dos o tres y, si son insuficientes para el Ministerio Público o la defensa, se amplía el plazo, pero sin pasar del semestre.

“A menos que la defensa requiriera de un mayor plazo, sí puede ampliar el tiempo que dure el proceso, entonces en principio puedo decir que el plazo complementario de investigación puede llegar hasta 6 meses, pero nunca le juez da desde el primer momento ese plazo”, advirtió.

aristeguinoticias.com